EXIGEN PROTEGER VOLÚMENES DE AGUA EN RIESGO POR DECRETOS DE EPN

La Alianza Mexicana contra el Fracking, en conjunto con la Red de Acción por el Agua y la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, exigieron a las autoridades establecer medidas para proteger los volúmenes de agua que quedaron sin protección con los 10 decretos emitidos a principios de este mes y con los cuales se eliminaron la vedas que impedían la explotación de 300 cuencas ecológicas, equivalentes al 55 por ciento de los lagos y ríos del país.

Aseveraron que los decretos firmados por el presidente Enrique Peña Nieto el 5 de junio, cuando se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente y publicados un día después, “dejó sin protección casi el 70 por ciento del volumen de las cuencas, que ahora están disponibles para la explotación, el uso y su aprovechamiento para cualquier uso incluyendo el sector industrial y extractivas”, lo que constituye un retroceso en materia ambiental y deja en entredicho el derecho humano al agua.

Incluso advirtieron que con las nuevas disposiciones hay casos donde el gobierno federal liberóó porcentajes mayores para extraer agua, como es el caso del Río Pánuco 2, donde se fijó en 91.5 por ciento. El gobierno federal debió actualizar los datos sobre disponibilidad de agua en todo el territorio nacional antes de hacer cualquier modificación al respecto ya que la información más reciente sobre el tema data de 2011.

“Como organizaciones de la sociedad civil promotoras y defensoras de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento estamos muy preocupadas porque leemos estos decretos como instrumentos intencionalmente ambiguos para mantener la discrecionalidad del manejo del agua que ha caracterizado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Las declaraciones de esta institución lejos de tranquilizarnos nos reafirman su profundo desprecio por los aspectos sociales, culturales y ambientales del agua al declarar que la gestión del agua es un problema meramente técnico”, puntualizaron.

“A diferencia de lo que los impulsores de esta medida sostienen, al analizar cada uno de los decretos emitidos y comparando el volumen de las reservas asignadas para conservación frente a la disponibilidad de la cuenca, se estima que en promedio los decretos solo establecieron una protección de poco más del 30 por ciento para conservación ecológica y menos del uno por ciento para uso doméstico y público urbano”, señalaron.

Si bien aclararon que comparten las motivaciones de los decreto, en cuanto a que se requiere una adecuada gestión del agua, pensar en las poblaciones futuras y limitar las actividades económicas, acusaron que “la preocupación ambiental fue la excusa para liberar la posibilidad de concesionar al sector productivo aguas que bajo el régimen de la veda no podían serlo”.

Criticaron que el director de Conagua, Roberto Ramírez de la Parra, se atreva a decir que se protege a “las generaciones futuras” cuando el gobierno del presidente Peña Nieto emitió desde el 30 de agosto de 2017 y bajo el amparo de la reforma energética los Lineamientos para la protección y conservación de las aguas nacionales en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, para permitir al sector privado llevar a cabo sus proyectos mediante el método del fracking o fractura hidráulica que atenta contra el medio ambiente, el agua y las generaciones presentes y futuras.

Es preocupante que el futuro de los recursos hídricos del país quede en manos de Conagua, la cual de manera unilateral y sin participación ciudadana ha tomado varias decisiones equivocadas sobre este recurso, como la sobreexplotación de los acuíferos al otorgar miles de concesiones para actividades extractivas y sin control adecuado de las descargas de aguas residuales, puntualizaron las organizaciones.